Una mano sostiene fuertemente la mano de una mujer simbolizando la violencia institucional y la revictimización Una mano sostiene fuertemente la mano de una mujer simbolizando la violencia institucional y la revictimización

“Se lo andaba buscando”: violencia institucional y revictimización

La violencia institucional está vinculada con la revictimización y ambas se realizan cotidianamente por autoridades, medios de comunicación y la sociedad. 

En un sistema donde las víctimas se echan a las cisternas, se van con sus secuestradores por voluntad, se queman a ellas mismas y se culpa más a la falda, al alcohol, a los hábitos o a las amistades que tiene el agredido más que al agresor, vemos y padecemos la revictimización diariamente. 

¿Qué es la revictimización? 

El término vicitimización se refiere a convertir a una persona en víctima de un delito. La victimización primaria es consecuencia directa de ese delito y la persona que lo sufre es vulnerada en sus derechos como víctima de un robo, de una violación, de acoso, etcétera.  

La revictimización o victimización secundaria es la respuesta negativa que da el sistema a la víctima que le obliga a revivir la situación traumática y ponerse como provocador de dicho delito. Es decir, no es sólo víctima del crimen inicial, sino que además lo es de la incomprensión, indiferencia, ignorancia o señalamiento del sistema social, político y judicial.  

Por ejemplo, victimización primaria es que a un chico le roben su automóvil o a una mujer le hagan tocamientos; mientras que revictimización o victimización secundaria es que a él le recriminen o se burlen por haber llevado su coche del año a una colonia peligrosa y a ella le digan que se lo buscó por traer esa falda y haber bebido. 

¿Qué significa violencia institucional? 

Por otra parte, violencia institucional sería que, cuando vayan a levantar su denuncia, a él le pidan dinero para agilizar el proceso y que a ella le pregunten si está segura de que fue sin su consentimiento, si no lo provocó o que le cuestionen qué hacía sola con su agresor. A la indiferencia y la negligencia del sistema se le llama violencia institucional. 

La primera vez que se habla de violencia institucional en un documento oficial es en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas de 1993. El artículo 2º se extiende explicando un tipo de violencia física, sexual o sociológica “perpetrada o tolerada por el Estado”. 

Más adelante, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia institucional de la siguiente manera: 

[son] los actos u omisiones de los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

La violencia institucional es difícil de entender como un acto violento, ya que durante años lo reconocimos como corrupción o ineptitud de las autoridades, pero no lo identificamos como un tipo de violencia, en tanto que vulnera a las personas y las convierte en víctimas de una nueva forma de agresión desde un cargo público o puesto de poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, se reconoció como un tipo de violencia tan perjudicial, normalizada y arraigada como la física, sexual y económica que se viven diariamente en nuestro país y alrededor del mundo. 

“¿Por qué no denunció antes?”: ¿cómo afectan la violencia institucional y la revictimización? 

La violencia institucional afecta a toda la sociedad, no sólo a la víctima directa, pues genera una tremenda falta de credibilidad y confianza en las autoridades, lo que provoca que no se denuncie o no se sienta seguridad al hacerlo. 

Aquellas personas que han sufrido algún delito prefieren no acudir a la justicia porque no creen que se les vaya a escuchar y mucho menos a resolver. Por otra parte, aquellas personas que deciden proceder por la vía legal sufren doblemente, porque, además del proceso lento y engorroso de levantar una denuncia, se suma el que las mismas autoridades le cuestionen, juzguen y amedrenten. 

El mito de “la buena víctima” 

Imagínate a alguien que es víctima de una violación. Debe asistir a denunciarla y repetir una y otra vez lo que sucedió, pasar con un médico legista y estar horas declarando. Además, enfrenta la escasa esperanza de recibir justicia y la posibilidad de ser juzgado por su comportamiento y estilo de vida. Los medios de comunicación y las redes sociales se enfocan más en los errores y defectos de la víctima que en la agresión, lo que agrava aún más su situación. 

El mito de la buena víctima reduce la culpa del delincuente, disminuye las obligaciones de las autoridades y descarga toda la responsabilidad sobre la víctima. Se materializa cuando la persona agredida no actuó como creemos que una buena persona debería hacerlo: si se veía de cierta forma, portaba objetos ostentosos; salía de fiesta, había tomado, se drogó, tenía problemas de pareja, fue infiel, no trabajaba o estudiaba, etc., entonces, no es una buena víctima y “se lo buscó”, por lo que no se merece que sus derechos básicos sean respetados.  

Frases como “¿qué hacía a esa hora en ese lugar?”, “¿cómo se le ocurre llevar eso a esa zona?”, “seguro se fue con el novio”, “sólo quiere atención”, “no se veía tan afectada”, “se lo andaba buscando” y otras igual de comunes, se vuelven una revictimización normalizada que nadie quiere padecer. 

Recordemos que la violencia tiene muchas voces y caras, pero todas marcan y afectan, especialmente cuando viene de quién debería cuidarte, como la autoridad. Hasta que no estemos seguros todos, no estará seguro nadie. 

Por Andrea Morán

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